El Supremo venezolano prohíbe a Juan Guaidó salir del país y ordena congelar sus cuentas

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
Miguel Gutiérrez / EFE
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.

La justicia de Venezuela tomó este martes varias medidas en contra del jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, entre las que se cuenta la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas, aunque no se emitió una orden para su arresto.

La medida de la detención de Guaidó es esperada desde el 23 de enero, cuando el parlamentario anunció ante miles de personas que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado, por considerar que Nicolás Maduro "usurpa" la Presidencia, tras ganar en unas cuestionadas elecciones que tacha de "fraudulentas".

Ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó a la Fiscalía a "tomar medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la dirección del Parlamento, controlado por la oposición.

Sin embargo, las medidas en contra de Guaidó se produjeron una semana después de su pronunciamiento, lo que fue recibido por el jefe de la Cámara con cautela, pero no le ha impedido seguir tomando decisiones como "presidente encargado".

Petición del fiscal

El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, sus cuentas sean bloqueadas y se le prohíba "enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles". Todas las peticiones de Saab fueron atendidas seis horas más tarde por el Supremo y confirmadas por su propio presidente, Maikel Moreno, al leer una escueta declaración ante los medios.

Antes, Saab había dicho que estas decisiones eran necesarias porque "hay un ciudadano [Guaidó] que prácticamente ha encabezado" una "acción en detrimento de la Patria venezolana" que llevó a que "inclusive países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas".

El fiscal, que fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en 2017 después de haber sido electa en circunstancias que también fueron denunciadas por la oposición como fraudulentas, dijo que Venezuela está sometida a un "bloqueo económico" que afecta el patrimonio nacional y "la vida familiar de todos los venezolanos".

Saab aseguró que las medidas tomadas esta jornada tienen "basamento legal" y le permite al Ministerio Público "desarrollar una investigación" para "seguir recabando" los datos suficientes "que permita detener estos actos" que atribuye a Guaidó y que cree que "han dañado la paz" de Venezuela, su economía y patrimonio.

Maduro y Guaidó emitieron este lunes sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior, aunque es el diputado opositor quien ha logrado el apoyo internacional. Guaidó anunció que había ordenado el "traspaso" de las cuentas del país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA.

"Un mecanismo absurdo"

Fuentes de la oposición venezolana afirmaron a 20minutos que las medidas emprendidas por el fiscal son "un mecanismo absurdo", ya que Guaidó tiene "inmunidad como diputado", algo que solo podría ser reprobado con la autorización de la Asamblea Nacional, de la cual es presidente el propio Guaidó.

El artículo 200 de la Constitución de Venezuela afirma que los diputados "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones". En este apartado destacaron que, aunque es el Tribunal Supremo la única autoridad que podría continuar su enjuiciamiento, esto debería ocurrir "previa autorización de la Asamblea Nacional".

Incluso aunque la Asamblea Nacional no respondiese, añaden, "la autorización se entenderá denegada" si en el plazo de tiempo de trámite el pleno "no se hubiere pronunciado", según el artículo 25 del reglamento de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Reacción de Guaidó

Guaidó, entretanto, y antes de entrar a la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo que no desestima las "amenazas" y la "persecución" de la Fiscalía.

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente, un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.

El ahora líder de la oposición venezolana indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela.

Advertencia de EE UU

Estas medidas se producen el mismo día en el que Estados Unidos lanzó la advertencia sobre las "serias consecuencias" a las que se enfrentarán quienes intenten dañar a Guaidó, y denunció las "amenazas ilegítimas" del fiscal general venezolano.

"Permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó", escribió en su cuenta de Twitter el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El funcionario denunció además las "amenazas ilegítimas del ex fiscal general de Venezuela".

Consultado por Efe, Mauricio Claver-Carone, el encargado de temas latinoamericanos en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, consideró que esas medidas están "al margen de la ley". "El ex fiscal general, porque nosotros no lo consideramos como fiscal general, las medidas que ha tomado y lo que están pidiendo es algo que francamente está al margen de la ley, siendo Juan Guaidó el presidente constitucional legítimo", sentenció.

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